Corrientes: Denuncia penal contra el proyecto del shopping

Info General - 26/02/2020

La presentación es inminente. Fuentes confiables, informaron a El Libertador que será accionada por un grupo de concejales capitalinos del bloque opositor, junto a abogados especialistas. Contará con una serie de acusaciones, entre las que sobresale el cuestionamiento sobre la titularidad del terreno de la playa Arazaty, que la empresa Hoco SA asegura que es privado. El predio se encontraría en litigio sucesorio, sujeto a un juicio de expropiación pública aún sin resolución definitiva.


Fuentes extraoficiales anticiparon a El Libertador que, en los próximos días, un grupo de concejales y abogados -especialistas en derecho penal y administrativo- presentará una serie de denuncias penales por delitos que advierten en el proceso de utilización de espacios públicos para usufructo privado, con el shopping como proyecto emblemático de este avasallamiento.


Entre los diferentes cuestionamientos, que emanarán desde el bloque de la oposición del Concejo Deliberante de la Capital, se apunta a irregularidades administrativas, la falta de transparencia y la violación de normas municipales, provinciales y nacionales que se vienen dando en el polémico proceso de entrega de espacios en las playas públicas para la explotación comercial.


Las nuevas presentaciones ante la Justicia provincial complementarán a otras, como la de amparo, que fueron presentadas por organizaciones civiles y ambientales ante el fuero Contencioso y Administrativo, con el objeto de impedir que siga el avance de construcciones de hormigón en los que ahora funcionan bares, restaurantes, boliches, paradores que se dedican a la venta exclusiva de bebidas alcohólicas e impedir que en el futuro se levante el shopping.


Para el caso del paseo de compras, la denuncia hará especial hincapié en la titularidad del espacio, que la empresa Hoco SA, del grupo Goitia, alega que es privada; sin embargo, de acuerdo al argumento que presentarán los ediles, deriva de un litigio sucesorio. El terreno está sujeto a un juicio de expropiación pública, cuya instancia judicial continúa sin resolución definitiva. Está comprendido en lo que establece la Ley de Camino de Sirga como espacio estratégico de titularidad pública.


Además, se debe recordar que dicho predio surgió de obras complementarias realizadas hace más de diez años, las que permitieron "ganar terreno" sobre el río, gracias a tareas de refulado, entre otras que se tradujeron en el espectacular balneario que ahora es la ribera capitalina.

 

Consideran, además, que fue violada la Ordenanza N° 3.608/00, que se dispuso "declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación total y/o parcial a todos los inmuebles necesarios a los efectos de la ejecución de la prolongación de la avenida Costanera General Don José de San Martín (obra defensa Sur-Ciudad de Corrientes-Licitación Pública Nº 05/00) desde la cabecera del puente General Belgrano hasta la proyección de la avenida Teniente Primero Ibáñez, y desde la línea de ribera hacia el Este, con un ancho de 100 metros" (ver nota anexa).


A pesar de estas normativas, que aseguran la titularidad pública a esa porción de espacio público -en la que se pretende construir el shopping- y a toda la playa, Goitia y compañía buscaron artimañas técnicas, como apoyatura para rubricar un "convenio transaccional" con la Municipalidad. Entre la "avivada" de este pool empresario local, también se pretende la eximición del pago de contribuciones por permiso de hormigonado y uso de vereda, "solicitando al Concejo que apruebe las excepciones al Código de Planeamiento Urbano para que se concrete la construcción en la playa pública", señala parte de la denuncia penal que será presentada.

 

Terreno público, no privado


Resulta más que necesario recordar algunos detalles sobre el lugar en el que se pretende edificar un paseo de compras. Para ello, hay que situarse en el año 2000, durante la Intervención Federal. Mediante Ordenanza N° 3.608/00 se dispuso "declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación total y/o parcial a todos los inmuebles necesarios, a los efectos de la ejecución de la prolongación de la avenida Costanera General Don José de San Martín (obra defensa Sur-Ciudad de Corrientes-Licitación Pública Nº 05/00) desde la cabecera del puente General Belgrano hasta la proyección de la avenida Teniente Primero Ibáñez, y desde la línea de ribera hacia el Este con un ancho de 100 metros".


A la vez, es necesario remarcar que la Costanera Sur, avenida Juan Pablo II, fue construida en el marco del convenio de cofinanciamiento denominado Proyecto de Protección contra Inundaciones-"PPI préstamo Birf 4.117-A R y Jexim N° 03830-AR, Obra Defensa Sur de la Ciudad  de  Corrientes", convocada por Licitación Pública Nacional N° 05/00 por Decreto N° 1.882/00 de la Intervención Federal.


También se debe tener en cuenta que en 2008, Augusto Pablo y Leopoldo Gustavo Bayol iniciaron una demanda por expropiación irregular contra la Municipalidad de Corrientes y reclamaron una suma de dinero en concepto de indemnización respecto de un inmueble donde se construyó la avenida Juan Pablo II.


Recién en 2009, por Ley Provincial Nº 5.921/09 se dispuso la transferencia a "título gratuito" de todos los inmuebles del dominio provincial que se encuentren afectados al uso público a las municipalidades, en cuya jurisdicción se encuentren emplazados. Es decir, que al momento de iniciarse el juicio de expropiación por los señores Bayol, ni siquiera se habían realizado las actas de transferencia formal de la obra a la Municipalidad, en cuyo ejido se asienta la obra pública de la Costanera Sur.


Posteriormente, la firma Hoco SA (del siempre polémico Goitia), adquirió solamente derechos litigiosos, respecto de la "posible indemnización" derivada del objeto del proceso de expropiación iniciada por los Bayol. Ello así, porque Hoco SA, como compradora, no pudo adquirir un derecho mejor que el que tenían los Bayol al tiempo de la transferencia.


Dentro de este intríngulis administrativo, también surgieron voces oficiales respecto a lo que demandaría para el erario público hacerse cargo de un pago para "subsanar" el hecho de haberse construido una avenida en un presunto terreno privado. Sin embargo, los concejales denunciantes advierten que, aún en el supuesto de corresponder el pago de una compensación por parte de la Comuna -a favor de los Bayol o de Hoco SA-, ésta la debería determinar la Justicia; además, el Ejecutivo municipal no dictó la norma que fijase el valor a indemnizar ni la dación en pago. Tampoco se ha enviado ningún convenio de avenimiento al Concejo Deliberante para su homologación, a fin de cumplimentar con lo establecido en la Carta Orgánica local. 


A la vez, se hace hincapié en la presentación Penal que la avanzada de Goitia con el aval del Concejo en diciembre pasado -en sesiones extraordinarias-, "simplemente se otorgó la factibilidad de uso de suelo para la ejecución de edificio de viviendas y centro comercial emplazado en la manzana 463-A fracción 15-2 del barrio Arazaty, solicitada por el señor Mayer Marcelo y otro (Hoco SA) mediante excepciones al Código de Planeamiento Urbano, pero no se requirió autorización expresa para finalizar ningún juicio de expropiación".


Además, remarcan que el inmueble donde se pretende construir el shopping y el de calle Lamadrid, también fueron adquiridos por el grupo Goitia muchos años después de que fueran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, y ni siquiera fueron objeto del juicio de expropiación iniciado en 2008 por Bayol.


Así, sostienen que "el derecho y cualquier acción contra el Municipio, respecto al remanente de los inmuebles de Hoco SA que no se han visto afectados por la obra individualizada, ni han sido objeto del juicio de expropiación iniciado por los señores Bayol, también se encontraría prescripto, ya que el plazo debe computarse desde la sanción de las leyes declarativas de utilidad pública (año 2000). Pues, desde ese momento, estuvo en condiciones la dueña de exigir el pago de la indemnización, y, en su caso, de promover la expropiación irregular". Y agregan: "En todo caso, la empresa debería reclamar los daños y perjuicios a la vendedora, en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya que dicho negocio jurídico mediante el cual adquirió esos inmuebles, fue ajeno a la Municipalidad".