Causa Sapucay: Rechazaron prisión domiciliaria a ex subcomisario

Policiales - 02/04/2020

Un Tribunal Oral Federal negó el arresto domiciliario por la pandemia del coronavirus al ex subcomisario de la Policía Federal, procesado en la causa por narcotráfico en la localidad correntina de Itatí.


El Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó el arresto domiciliario luego de un planteo de la defensa de Ferreyra para que pudiera acceder a ese beneficio por sus condiciones de salud y porque -argumentó por error- “se ha dispuesto la prisión domiciliaria de Lázaro Báez, por tener diabetes y ser de alto riesgo”.


El planteo fue erróneo ya que Báez sigue detenido en la cárcel de Ezeiza y la Justicia rechazó la semana pasada concederle la prisión domiciliaria.


El ex subcomisario Ferreyra había pedido el arresto domiciliario ante “la pandemia que es de público conocimiento” como así también porque “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado la misma con alto grado de rigurosidad y teniendo como antecedente que se ha dispuesto la prisión domiciliaria de Lázaro Báez por tener diabetes y ser de alto riesgo”.


El ex policía de Corrientes, detenido en el llamado Operativo Sapucay, argumentó sufrir diabetes, hipertensión arterial y antecedentes coronarios.


La decisión de rechazarle el pedido fue tomada por dos de los tres jueces del Tribunal por mayoría, ya que uno de ellos se mostró favorable a conceder el beneficio ante los riesgos de contagio de personas con enfermedades preexistentes.


“La mera invocación de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo, no puede constituir, por sí misma, una razón suficiente para variar la situación de encierro de Ferreyra”, sostuvo el voto de la mayoría.


Además al día de la fecha no hay reportados casos de contagio en los penales, añade el fallo.
“Más aún, en el caso -que hoy resulta absolutamente conjetural- que dentro de la población carcelaria se presente algún supuesto de coronavirus, ello no supone que el instituto de la prisión domiciliaria aparezca mecánicamente como la única y exclusiva alternativa a adoptarse”, advirtieron en sus votos los jueces Andrés Basso y Javier Machado Pelloni.


En todo caso, agregaron, “corresponderá, en su caso, nuevamente avocarse al estudio puntual de la situación, con el objeto de evaluar la solución más apropiada”.


Las patologías que presenta Ferreyra “se encuentran, hasta el momento, debidamente cubiertas por el servicio de salud del Complejo Penitenciario Federal II donde se encuentra alojado”, agregó Machado Pelloni.


Este magistrado advirtió en referencia a la pandemia de covid-19 que “la jurisdicción se vería confundida con la adopción de una decisión política de liberar a todo y cuanto interno perteneciente al colectivo de especial riesgo (de conjetural proyección), incluso sin mediar pedido de asistencia letrada”.


El juez sostuvo que esto estaría “alejado del mandato de atender el caso particular (con sus propias características, concernientes al tenor de la imputación, la pena en expectativa y la vigencia de los peligros procesales que oportunamente determinaron la imposición de la medida cautelar que pretende morigerarse), única tarea constitucional confiada”.


Por su parte, en su voto minoritario, el juez del Tribunal Javier Ríos sostuvo que Ferreyra forma parte de los grupos de riesgo por “padecer diabetes, cardiopatía y obesidad”.


“Nos encontramos frente a una situación excepcional como lo es la pandemia declarada en la actualidad y ello no puede ser pasado por alto”, argumentó este magistrado.


Ante ello y “frente a la situación mundial que nos aqueja debido a la excesiva y rápida propagación del virus mencionado precedentemente y ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el nombrado, la solución que mejor se compadece con criterios de equidad” es el arresto domiciliario, argumentó.


La investigación en la que está acusado Ferreyra y que involucró también al ex intendente de Itatí Natividad Terán, su ex vice, Fabio Aquino, además de miembros de fuerzas de seguridad federales y provinciales, entre muchos otros, comenzó en 2014 y continuó hasta el Operativo Sapucay que se realizó en 2017 por orden del juez federal porteño Sergio Torres.


El magistrado buscaba saber cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo porteñas y desde allí llegó a Itatí, desde donde se ingresaba droga de Paraguay.


Tras el procedimiento, quedaron identificadas tres organizaciones que trasladaban toneladas de marihuana desde allí a siete provincias del país y a la Capital Federal. Litoral